La Agencia de la Competencia de Andalucía, la Secretaría para la Unidad de Mercado y la CNMC ven lagunas legales en la Instrucción 1/2024 del Ayuntamiento, que exige acceso independiente y planta baja o primera a las viviendas turísticas. Los dictámenes ya están en manos de propietarios afectados para usarlos en los juicios contra el Consistorio.
Tres informes de organismos de competencia han puesto en duda la legalidad de la Instrucción 1/2024 del Ayuntamiento de Málaga, la norma que fijó las primeras restricciones a las viviendas de uso turístico en la capital. Los dictámenes, según publica Diario Sur, proceden de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, de la Secretaría para la Unidad de Mercado (Ministerio de Economía) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y coinciden en señalar lagunas legales en el texto municipal.
La instrucción, aprobada en 2024, extendió a las viviendas turísticas los requisitos urbanísticos del hospedaje: acceso independiente, condiciones de evacuación e instalaciones separadas del resto del edificio. Además, solo podían ubicarse en planta baja y primera, con carácter retroactivo. Según el sector, estas medidas ya han afectado a unos mil alojamientos que estaban en activo en esas fechas y que quedaron en un limbo legal tras el requerimiento del Consistorio a la Junta para retirar sus licencias.
Los informes fueron solicitados por la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVAPro), que ya los ha puesto a disposición de los propietarios afectados para que los utilicen como prueba en los juicios que mantienen contra el Ayuntamiento. Aunque no anulan por sí mismos la orden municipal, los documentos tienen relevancia a efectos judiciales porque proceden de los organismos públicos competentes en materia de mercados.
La Agencia de la Competencia de la Junta de Andalucía señala en su informe:
«No consta una motivación suficiente que permita verificar la necesidad y la proporcionalidad de aplicar, con carácter general, el artículo 6.4.2.2 del PGOU a las viviendas de uso turístico». El documento añade que no puede considerarse suficientemente acreditado que la aplicación general de dichas condiciones cumpla con el artículo 5 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM).
La CNMC es más directa sobre el cauce elegido:
«La introducción de restricciones a la actividad económica de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) no puede realizarse a través de instrumentos interpretativos de la normativa, como sería el caso de la Instrucción 1/2024». El organismo concluye que estas limitaciones deberían llevarse a cabo mediante la modificación del PGOU, y cuestiona que no se haya justificado el cambio cuando el Ayuntamiento ya ha modificado el planeamiento en otras ocasiones para regular las VUT.
La Secretaría para la Unidad de Mercado pide una motivación más rigurosa:
«Sería conveniente que la autoridad competente justificara de una manera más exhaustiva la regulación adoptada, mediante un análisis particularizado de las áreas afectadas». Su informe critica además que no se ha recibido respuesta ni propuesta de actuación del Consistorio durante el procedimiento.
La moratoria general para nuevos usos turísticos aprobada el pasado verano toma como base la instrucción cuestionada, por lo que los dictámenes tendrían un efecto de arrastre sobre ella. Desde agosto de 2025 no se puede inscribir ninguna vivienda de uso turístico nueva en Málaga capital, una suspensión que se extiende hasta un máximo de tres años, hasta el verano de 2028, o hasta que se apruebe la modificación del PGOU. Las licencias anteriores siguen operando y la única vía legal para las nuevas es la media estancia, de más de dos meses. Desde julio de 2026 tampoco se admite inscribir ningún hospedaje nuevo en suelos residenciales.
AVVAPro y Aehcos han presentado una batería de alegaciones en la que exigen mayor rigor en los datos, transparencia y que las restricciones no penalicen al sector reglado frente al residencial o al hotelero. Ambos colectivos sostienen que la medida no resolverá el problema de la falta de vivienda asequible en la capital.
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