Sevilla ha sido el escenario de la operación “Munib Calamitas”, en la que la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. La operación resultó en la detención de 15 personas y la liberación de 15 víctimas, todas de nacionalidad colombiana y venezolana.
Las investigaciones revelaron que las víctimas eran captadas principalmente en Sudamérica, donde sus precarias condiciones económicas y sociales eran aprovechadas por estas organizaciones. Una vez trasladadas a España, eran sometidas a un control estricto, viviendo hacinadas en condiciones insalubres en inmuebles que funcionaban como prostíbulos.
Condiciones de vida de las víctimas
Las mujeres liberadas no solo enfrentaban condiciones deplorables, sino que además se les obligaba a estar disponibles las 24 horas del día. Eran forzadas a saldar una deuda de 7.000 euros con la organización, lo que se utilizaba como mecanismo de control para evitar que abandonaran la situación de explotación.
La investigación también mostró que las organizaciones operaban de manera organizada, realizando anuncios de las víctimas en plataformas digitales bajo identidades falsas. Se utilizaban fotografías de contenido sexual para incrementar la demanda de sus servicios.
Intervenciones policiales y cierre de cuentas
Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo registros en varios municipios de Sevilla, incluyendo Utrera, Gelves, y Sevilla. Durante estas acciones se obtuvieron evidencias significativas como dispositivos móviles y documentos relacionados con la actividad delictiva, así como 10.000 euros en efectivo.
Además, se bloquearon 15 cuentas bancarias asociadas a las organizaciones, incluyendo inmuebles que supuestamente se utilizaban para el blanqueo de capitales y para ocultar los beneficios obtenidos de esta actividad ilegal.
Se estima que el patrimonio relacionado a estas cuentas supera los 30.000 euros. La operación fue realizada por el Área de Delitos contra las Personas de la Guardia Civil y la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional.
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