El presidente de Fadeco Promotores, el malagueño Ignacio Peinado, plantea un sistema público de protección para familias que pierden su vivienda tras años cumpliendo con el pago. La propuesta, inspirada en la prestación por desempleo, excluye a los okupas y condiciona la ayuda a circunstancias sobrevenidas.
El sector inmobiliario andaluz ha lanzado una propuesta para crear un sistema público de protección para personas y familias que pierden su vivienda después de años pagando regularmente la hipoteca o el alquiler. La idea la abandera el presidente de Fadeco Promotores, el malagueño Ignacio Peinado, según publica Diario Sur.
Peinado plantea un «subsidio habitacional» que funcione de forma similar a la prestación por desempleo. «Cuando una persona que lleva años trabajando pierde su trabajo, nuestro sistema no obliga al empleador a mantenerla en su puesto. Lo que hacemos es proteger económicamente a esa persona», argumenta el responsable de la patronal.
El sistema estaría dirigido a quienes llevan años cumpliendo con sus obligaciones y sufren una circunstancia sobrevenida que les impide continuar pagando. «Personas y familias que llevan años pagando regularmente su alquiler o su hipoteca y sufren una circunstancia sobrevenida que les impide continuar haciéndolo», concreta Peinado.
«La idea es un subsidio habitacional, de manera semejante a cuando la pérdida del empleo activa la protección por desempleo»
La protección se concretaría en una prestación pública para afrontar durante un tiempo el coste de otra vivienda. Su cuantía y duración dependerían de las circunstancias familiares, la situación económica y la trayectoria previa de cumplimiento, con límites máximos y requisitos objetivos de renta y ausencia de fraude.
Peinado recalca que no se trata de proteger a los okupas. «Si una persona entra en una vivienda por la fuerza o sin título y finalmente es desalojada, ese desahucio no debería generar derecho al subsidio habitacional», subraya. La ayuda tampoco sería igual para todos, sino que podría vincularse al tiempo durante el cual se hayan cumplido las obligaciones.
Para acceder a la prestación, el afectado tendría que abandonar el domicilio que no puede seguir pagando, «para no poner en riesgo la seguridad jurídica del propietario o del acreedor». Según Peinado, esto también reduciría los procesos judiciales y descongestionaría los juzgados.
Sobre la financiación, el presidente de Fadeco Promotores asegura que no tendría que representar un esfuerzo extraordinario para las cuentas públicas. «Podría estudiarse incluso la creación de un fondo de protección habitacional, una aportación muy pequeña distribuida sobre una base muy amplia puede construir una red de protección potente», apunta.
El impulsor de la medida defiende que aporta seguridad jurídica al propietario y al acreedor, porque acelera la salida de quien ha dejado de pagar, y a la vez el inquilino recibe una ayuda económica para los siguientes meses. «No se trata de premiar el incumplimiento sino justamente de proteger el cumplimiento», concluye.
También te puede interesar
