El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aún no ha respondido a la solicitud de aclaración del Ayuntamiento de Málaga sobre la sentencia de la ZBE. El Consistorio espera el auto para decidir si recurre al Supremo.
La resolución definitiva sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga se aleja en el calendario. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) todavía no ha respondido a la solicitud de aclaración presentada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Málaga, un trámite que paraliza el plazo para recurrir la sentencia que anuló parte de la ordenanza. Con agosto como mes inhábil judicial, la respuesta no llegará antes de septiembre.
La aclaración de sentencia es un mecanismo legal que permite corregir errores materiales, aritméticos o de redacción, pero no modifica el fondo de la decisión. El Consistorio malagueño la pidió para disipar dudas sobre el fallo, que declaró discriminatorio sancionar solo a vehículos de fuera de la capital. Mientras el TSJA no se pronuncie, el Ayuntamiento no puede presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que sería el siguiente paso.
Una vez que llegue la aclaración, el equipo de gobierno local dispondrá de 30 días hábiles para preparar el recurso de casación. Fuentes municipales calculan que la resolución del Supremo podría demorarse entre seis meses y un año, según los plazos habituales de la justicia. La sentencia del TSJA, impulsada por un recurso de Vox, considera que la ordenanza malagueña vulnera los principios de igualdad, libre mercado y libre circulación al tratar de forma distinta a los vehículos empadronados en la capital y a los del resto de la provincia.
Mientras el contencioso sigue su curso, el Área de Movilidad mantiene activo el régimen sancionador. En los primeros seis meses desde su implantación, las cámaras de la ZBE han multado a 35.257 conductores de coches sin etiqueta ambiental, según datos facilitados por el gobierno local al grupo Con Málaga. El importe de cada sanción es de 200 euros, reducidos a 100 por pronto pago, sin pérdida de puntos. La recaudación estimada oscila entre 3,5 y 7 millones de euros.
El miedo a las multas ha reducido en 25.000 vehículos al día el tráfico en el centro de Málaga, según los aforos municipales. La ordenanza establece un calendario de restricciones progresivas: desde el 30 de noviembre de 2024, las sanciones se extenderán a los coches con etiqueta B (la segunda más contaminante) que paguen el impuesto de circulación fuera de la capital. Esta diferencia de trato entre vehículos locales y foráneos es el núcleo del conflicto jurídico.
El grupo Vox y Con Málaga han instado al Ayuntamiento a suspender cautelarmente las multas para evitar perjuicios a los sancionados y la litigiosidad masiva que se prevé. Por ahora, el Consistorio mantiene la ordenanza vigente y sigue imponiendo sanciones, a la espera de que el TSJA despeje el camino procesal. La incertidumbre afecta a miles de conductores de la provincia, que no saben si sus vehículos podrán acceder al centro de la capital en el futuro.
Para el ciudadano de a pie, la situación es confusa. Los conductores empadronados en Málaga capital pueden circular sin restricciones independientemente de la etiqueta de su coche, mientras que los residentes en otros municipios de la provincia ya tienen vetado el acceso con vehículos sin distintivo ambiental. A partir de noviembre, también se prohibirá la entrada a los coches con etiqueta B de fuera de la capital. La sentencia del TSJA, de confirmarse, obligaría al Ayuntamiento a igualar las condiciones para todos los vehículos, lo que podría implicar restricciones también para los locales.
El próximo hito será la aclaración del TSJA, que se espera para después del verano. A partir de ahí, el Consistorio decidirá si recurre al Supremo, una vía que alargaría la decisión final al menos hasta 2026. Mientras tanto, las cámaras siguen multando y los conductores, en vilo.
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