El Ayuntamiento de Málaga aplaza el cobro de la nueva tasa de basura, previsto para el tercer trimestre de 2026, hasta contar con plenas garantías legales que eviten litigios como los de Madrid.
El concejal de Economía, Hacienda y Recaudación, Carlos Conde, ha reconocido este jueves que el primer recibo de la nueva tasa de basura no llegará en el tercer trimestre de 2026 como se había anunciado inicialmente. "¿Será en el cuarto trimestre? No lo sé. Estamos trabajando en ello", ha declarado, subrayando que el Ayuntamiento no fijará una fecha hasta tener "plenas garantías" para evitar problemas judiciales.
La decisión responde a la "elevada litigiosidad" que está generando esta tasa en otros municipios españoles. Conde ha citado expresamente el caso de Madrid, donde varias resoluciones judiciales han obligado a devolver millones de euros en recibos ya cobrados. "El Ayuntamiento de Málaga no se puede plantear una situación como la de Madrid, que se ve en la necesidad de devolver un dinero presupuestado que financia actuaciones municipales", ha afirmado.
Para blindar la ordenanza, el Consistorio mantiene reuniones periódicas entre las áreas de Economía, Servicios Operativos, Limasa, la Asesoría Jurídica, la Secretaría General y la Intervención. El objetivo es elaborar un texto que supere posibles impugnaciones. Según Conde, la principal dificultad es la ambigüedad de la Ley de Residuos, que no define con claridad cómo calcular la tasa en función de la generación de residuos. "¿Qué es lo que genera una familia? ¿Se calcula según el consumo de agua o por el valor catastral? Ni siquiera eso está claro", ha lamentado.
Málaga no incorporará en sus presupuestos ingresos por esta tasa hasta que su cobro esté garantizado. "Seremos siempre moderados en las previsiones", ha asegurado Conde. La cuota media estimada es de 129,29 euros anuales por hogar, aunque variará según el valor catastral y el número de empadronados. El Ayuntamiento ha reclamado al Gobierno central una modificación de la Ley de Residuos para reducir la inseguridad jurídica.
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