La Comunidad Terapéutica de Mijas, el único centro de Andalucía dedicado en exclusiva a mujeres con adicciones, cerró el 4 de agosto y no reabrirá. La Junta alega riesgo de incendios e inundaciones y mala comunicación para la escolarización de los hijos de las pacientes.
La Comunidad Terapéutica de Mijas, el único centro de toda Andalucía dedicado específicamente a mujeres con adicciones, ha cerrado de forma definitiva. La residencia, dependiente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), abrió en marzo de 2000 y echó el cierre el pasado 4 de agosto. Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a Diario Sur que no volverá a abrir.
El centro está situado en Las Lagunas de Mijas, pero apartado del núcleo urbano, en el diseminado de Entrerríos. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias justifica el cierre en que la ubicación «no reunía las condiciones adecuadas» al estar en una zona con riesgo de incendios e inundaciones, y cuenta con un informe negativo de Emergencias. La Junta añade la «mala comunicación» del centro para la escolarización de los hijos de las pacientes, que pueden convivir con ellas entre los 0 y los 3 años.
En el momento del cierre, la residencia, con capacidad para 32 mujeres, atendía a nueve pacientes. A una se le dio el alta terapéutica, dos pasaron a salidas terapéuticas y el resto fueron trasladadas a Almonte (Huelva), donde se ubica otra de las cinco comunidades terapéuticas de Andalucía, todas mixtas.
La plantilla, formada por 20 trabajadores (16 mujeres y cuatro hombres), asegura estar «desolados» y «en shock» al conocer la decisión. Consideran «grave» haber paralizado un recurso que atiende a mujeres «en situación vulnerable», muchas víctimas de violencia de género dentro del sistema VioGén. Una de las trabajadoras razona: «Si hay riesgo de incendio y tienen que desbrozar 15 metros, poner un hidrante o hacer una salida para tener una vía de evacuación segura, que lo hagan». Los empleados temen que el cierre esconda un afán por concertar las plazas con entidades privadas.
El centro funcionaba con un equipo interdisciplinar: dirección, administración, diez monitores, dos psicólogos, dos educadores, un trabajador social, un enfermero, una cocinera y un conductor, todos empleados públicos, con limpieza y mantenimiento externalizados. En el momento del cierre ya no había médico, una ausencia que dificultaba los ingresos porque es quien diagnostica, ajusta la medicación y rebaja las dosis. En las Navidades de 2024 el centro ya estuvo cerrado unos días por falta de personal.
El cierre se produjo cuatro días después de que se publicara en el BOJA un decreto que traspasaba la gestión de las comunidades terapéuticas de Asuntos Sociales a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Desde la Junta aseguran que a los trabajadores «se les ofrecerán las mejores soluciones» y «facilidades para la continuidad del trabajo». Parte de la plantilla teletrabaja desde entonces en llamamientos y seguimientos, mientras otros no pueden desempeñar sus funciones al requerir presencia física.
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