Vecinos del Centro de Málaga llevan al Ayuntamiento a juicio por los pisos turísticos

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio por permitir la proliferación de viviendas turísticas que incumplen el PGOU de 2011.

La guerra de los vecinos del Centro de Málaga contra los pisos turísticos ha llegado a los tribunales. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de la capital por no controlar la actividad de estas viviendas. En la demanda, solicitan al juez que declare ilegal la pasividad municipal y obligue al Consistorio a restaurar la legalidad urbanística.

Según los vecinos, el Plan General de Ordenación Urbana de 2011 ya establecía que las actividades en edificios residenciales deben contar con accesos e instalaciones independientes. Sin embargo, denuncian que el Ayuntamiento permitió que pisos turísticos compartieran portal, escaleras y suministros con los residentes, vulnerando la norma. "El Ayuntamiento tuvo las competencias y la obligación de aplicar la ley, pero no lo hizo", afirman.

Una batalla legal que comenzó en 2024

No es un movimiento improvisado. En noviembre de 2024, la asociación ya presentó una acción pública urbanística ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, denunciando la inacción del Consistorio. Al no obtener respuesta en el plazo legal, dieron el siguiente paso: el recurso contencioso-administrativo en 2025 y la demanda en 2026. El procedimiento está ahora pendiente de sentencia.

"No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras se expulsa a los vecinos de sus hogares", denuncian. Para ellos, el problema es claro: las viviendas turísticas han encarecido el alquiler, deteriorado la convivencia y "adulterado el carácter vecinal" del centro histórico. Su lema, repetido una y otra vez, es contundente:

"Las casas no son hoteles"

El riesgo de prevaricación

Los vecinos no se andan con rodeos. En su escrito, advierten de que el Ayuntamiento podría incurrir en un delito de prevaricación (artículo 320 del Código Penal) si no actúa. Recuerdan que la administración "está obligada a cumplir y hacer cumplir las normas". De fondo, subyace una queja recurrente: que durante años se ha normalizado lo que nunca debió serlo, convertir comunidades de vecinos en hoteles encubiertos.

La asociación insiste en que su objetivo es "defender la seguridad jurídica y el derecho a vivir en hogares sin que los edificios residenciales se conviertan en alojamientos turísticos". Mientras tanto, los vecinos del Centro esperan que la justicia ponga orden en un conflicto que lleva años enquistado y que afecta directamente a su día a día: el ruido, la masificación y la pérdida de servicios básicos en los barrios.

La sentencia, que se prevé en los próximos meses, marcará un antes y un después en la regulación de los pisos turísticos en Málaga capital. De momento, el Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre el recurso.