El Plan Comunitario Palma-Palmilla Proyecto Hogar denuncia que decenas de familias con contador legal y pagos al día se han quedado sin luz durante las desconexiones de enganches irregulares. La compañía eléctrica ha cortado el suministro en una veintena de bloques desde junio.
El barrio malagueño de Palma-Palmilla vive una situación crítica con los cortes de suministro eléctrico que Endesa inició el pasado 30 de junio. La compañía ha desconectado enganches irregulares en una veintena de bloques de La Palma y La Palmilla, afectando a más de 400 viviendas. Sin embargo, el Plan Comunitario Palma-Palmilla Proyecto Hogar denuncia que decenas de familias que tienen su contador legal y están al corriente de pago también se han quedado sin luz.
Según el colectivo vecinal, la operación de Endesa llega tras "décadas de inacción" por parte de la eléctrica, que apenas había realizado inspecciones ni perseguido las conexiones fraudulentas. El propio vecindario ya había reclamado esta regularización en 2011 y de nuevo en 2018, en sendos planes municipales para la mejora del barrio. Ahora, la intervención se ha ejecutado de forma "manifiestamente mejorable", según critican.
Uno de los puntos más graves es que, en edificios con un alto porcentaje de fraude, Endesa no ha podido distinguir técnicamente entre los contadores legales y los ilegales, dejando sin suministro a familias que pagan religiosamente su factura. El vecindario reclama la restitución inmediata de todos los suministros legales afectados.
Especialmente preocupante es el caso de decenas de viviendas unifamiliares en un barrio de 503 casas con contadores en regla. Allí, las averías que antes se resolvían en pocas horas se están demorando hasta cinco días, porque Endesa ha solicitado el acompañamiento de la Policía Nacional para sus técnicos durante las reparaciones. Esto agrava la situación de personas vulnerables, como menores o enfermos, en pleno periodo de altas temperaturas.
Desde el viernes y durante el sábado se han registrado además cortes por averías en La Palmilla y el 26 de Febrero, que afectan a viviendas y comercios. El colectivo vecinal advierte de que estas interrupciones agravan la situación de las personas más vulnerables.
El comunicado critica también la información facilitada por los servicios de atención al cliente de Endesa, a la que califican de insuficiente y en ocasiones errónea. Según denuncian, en varias llamadas se ha trasladado a los vecinos que los cortes son una intervención conjunta del Ayuntamiento de Málaga y la Policía Nacional, algo que el colectivo desmiente: se trata, afirman, de una decisión unilateral de Endesa.
Señalan además que el servicio telefónico no tiene en cuenta la brecha digital que afecta a las personas mayores, y que los plazos de resolución de averías comunicados por la compañía se incumplen de forma sistemática.
Como efecto colateral positivo, la campaña está impulsando a numerosos vecinos a acudir a los recursos públicos para constituir comunidades de propietarios y regularizar sus suministros. El Servicio Municipal de Dinamización de Comunidades lleva semanas orientando a los vecinos sobre los pasos para regularizar sus suministros, el Bono Social del Gobierno, el apoyo para constituir comunidades y la notificación de personas electrodependientes, entre otras gestiones.
Desde el lunes se celebrarán reuniones de coordinación entre trabajadores públicos y asociaciones del barrio para diseñar cómo asesorar a los afectados. Ante la indignación vecinal, el plan comunitario está recopilando datos sobre las personas con contador legal afectadas por cortes improcedentes o averías con resolución excesivamente lenta, de cara a posibles reclamaciones o demandas contra Endesa.
La próxima semana se reforzará además una campaña informativa sobre los riesgos de incendio asociados a los enganches irregulares. Gracias a la mediación municipal, los clientes desenganchados por suministro ilegal que regularizan su situación no suelen ser sancionados en la mayoría de los casos; sin embargo, si reinciden, Endesa ya está aplicando multas de entre 1.000 y 3.000 euros.
El vecindario reclama a Endesa que planifique con urgencia una mejora de la infraestructura eléctrica del barrio, ya que la regularización de suministros implicará un aumento de la demanda energética, en un contexto de averías estivales que se vienen intensificando en los últimos cuatro años. Asimismo, el colectivo insiste en que las inspecciones de contadores deben ser continuas y que esa responsabilidad recae en Endesa, como vía para acabar con la cultura que ha permitido la proliferación de enganches irregulares.
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