Dieciocho familias de un bloque de la Avenida Europa número 15 de Málaga afrontan la finalización masiva de sus contratos de alquiler este año. Los vecinos, que no tienen impagos, denuncian falta de mantenimiento y coacciones por parte de la nueva propiedad.
Dieciocho familias que residen en el número 15 de la Avenida Europa de Málaga se enfrentan a la finalización masiva de sus contratos de alquiler a lo largo de este año, según ha denunciado la portavoz vecinal Jessica Muñoz Jiménez. La situación, avanzada por Diario Sur, afecta a un edificio de 28 viviendas construido en 1958, de las que 23 están ocupadas por inquilinos y cinco son propiedad de sus residentes, una de ellas gestionada por el Instituto Municipal de Vivienda.
Los problemas se remontan a 2024, cuando la sociedad Geslau S. L. adquirió las 23 viviendas alquiladas. Desde entonces, según los vecinos, la propiedad ha dejado de realizar el mantenimiento básico del inmueble, que conserva tuberías de plomo, suelos originales y carece de toma de tierra. Los inquilinos han tenido que asumir el coste de reparaciones como la sustitución de calentadores.
«La propiedad ignora de forma sistemática los burofax, buromails y mensajes enviados», asegura Muñoz, que también denuncia coacciones indirectas y la intención de transformar el edificio para alquiler turístico o miniapartamentos a precios de mercado.
Ante esta situación, las familias acudieron al pleno del Ayuntamiento de Málaga hace unos meses para solicitar ayuda, pero tras más de ocho meses de espera continúan sin recibir respuesta ni alternativas por parte de las instituciones locales. El colectivo subraya que todos los afectados cumplen puntualmente con el pago de la renta entre los días 1 y 5 de cada mes.
La brecha entre los precios tradicionales de entre 500 y 700 euros y las pretensiones del mercado actual, que alcanzan los 1.500 euros, resulta inasumible para estas familias. «Esta escalada de precios, sumada al encarecimiento generalizado de suministros básicos como agua, luz, comida, gasolina y gas butano, imposibilita encontrar una alternativa habitacional, incluso en los barrios periféricos y contando con dos sueldos en el hogar», sostiene Muñoz.
«No queremos que se nos regale nada. Pagamos religiosamente nuestros alquileres. Nosotros cumplimos nuestra parte del contrato. Estamos muy agobiados, hundidos»
El desgaste psicológico entre los residentes es crítico debido al arraigo familiar en el edificio. La propia portavoz subraya que su marido representa la cuarta generación de residentes en el inmueble y su hija de 20 meses la quinta. «Abandonar la vivienda sin alternativas equivale a quedarse en la calle», incide.
Respaldados por el Sindicato de Inquilinos, los vecinos se reafirman en su decisión de continuar luchando por defender su derecho a un alquiler asequible y a un techo digno. Muñoz critica la deriva del mercado inmobiliario y turístico en la ciudad: «No sé en qué momento hemos normalizado pagar 1.500 euros por un alquiler. Málaga ya no es Málaga. Se expulsa a los malagueños de su ciudad. No estamos en contra del turismo ni contra quien quiera hacer dinero con la vivienda, pero que cojan viviendas vacías, no casas con gente».
El administrador único de la sociedad, que tiene otras tres a su nombre, una de ellas dedicada también a la explotación de viviendas en alquiler y otras dos ligadas al sector farmacéutico, explicaba a este medio en marzo que su ánimo era invertir para rehabilitar el inmueble y volver a sacarlo al mercado, respetando a las personas.
Los dos procesos judiciales ya iniciados siguen su curso mientras las familias esperan una respuesta municipal que no llega.
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