El Tribunal Constitucional debate este martes la amnistía de los condenados del 1-O, un paso que Junts confía en que devuelva a Puigdemont a España libre de cargas penales. El partido, en horas bajas, se agarra a ese retorno para frenar el sorpaso de Aliança Catalana.
El Tribunal Constitucional abre este martes el debate sobre la aplicación de la amnistía a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O, un pronunciamiento que no se espera hasta mediados de octubre y que, según Diario Sur, se da por hecho que se extenderá a todos los líderes independentistas pendientes del perdón penal. En Junts llevan desde mediados de 2024 esperando ese momento, el del regreso de Carles Puigdemont a España sin cargas penales dos años y medio después de que la ley de amnistía entrara en vigor.
El partido evita alimentar especulaciones. El portavoz, Josep Rius, responde con una petición: «Lo que pedimos es menos filtraciones, menos especulaciones y que se aplique de una vez la ley de amnistía que aprobó el Congreso y que ya ha sido refrendada por la justicia europea». Puigdemont ha impugnado también el reciente 'no' del juez del Supremo Pablo Llarena a exonerarle de la malversación pese al aval europeo a la amnistía.
El retorno del líder es la baza a la que se agarra una formación en sus horas más bajas, con las elecciones municipales de 2027 en el horizonte. El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) anticipa el sorpaso de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana a Junts: el partido de Puigdemont caería de los 35 escaños actuales a entre 16 y 18, mientras la formación de Sílvia Orriols pasaría de dos parlamentarios a 25. Junts solo retiene el 50% de sus votantes de 2024, y únicamente un 5% de los encuestados prefiere a Puigdemont como presidente de la Generalitat, por detrás de Salvador Illa, Orriols y los republicanos Gabriel Rufián y Oriol Junqueras.
La pérdida de proyección electoral no es el único frente abierto. Tras la salida de Pere Aragonès de la Generalitat, el nuevo ciclo electoral se cerró con la negativa a pactar las diputaciones provinciales con los socialistas. Junts ha pasado de gobernar Cataluña a tener en el alcalde de Sant Cugat del Vallès a su principal cargo institucional, al margen del presidente del Parlament, Josep Rull.
Los preparativos de las municipales de 2027 tampoco han enderezado la situación. En Barcelona, la batalla interna por la candidatura se saldó con una derrota de Puigdemont: su candidata, Pilar Calvo, perdió frente a Jordi Martí Galbis, heredero de Xavier Trias, pese al apoyo explícito del presidente y la cúpula. En Sabadell, los dos regidores de Junts abandonaron el partido, que se queda sin representación en la antigua capital textil, tras ser obligados a salir del Gobierno municipal que lidera el PSC. Y en Cambrils y Amposta, los hasta ahora portavoces han fichado por Aliança Catalana, que ya extrae el 20% de sus candidatos para las próximas municipales de las filas neoconvergentes.
Ese avance ha forzado a Junts a definir su posición. El secretario general, Jordi Turull, rompió este verano la indefinición al asegurar que no pactarán con Aliança. «Tenemos que combatir los discursos del odio», argumentó ante los candidatos municipales, algunos de los cuales, como los de Vic, Manlleu u Olot, piden no vetar a la regidora de Ripoll en los pactos locales.
El dictamen del Constitucional, que llega a partir de este martes, se prevé para mediados de octubre. Hasta entonces, Puigdemont sigue en Waterloo y Junts, pendiente de la decisión judicial para cerrar la etapa más larga de su líder fuera de España.
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