El alcalde de Antequera, Manolo Barón, compareció este miércoles para explicar que el programa de tarjetas monedero cuenta con 199.466 euros y que la gestión depende de la Junta de Andalucía, no del Ayuntamiento. Pide a las familias que esperen a ser valoradas por los Servicios Sociales.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha comparecido este miércoles en las inmediaciones del Centro de Servicios Sociales para aclarar el funcionamiento del programa de tarjetas monedero, financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Lo ha hecho después de que el PSOE difundiera informaciones que, según el regidor, han generado expectativas erróneas entre las familias.
Barón ha confirmado que Antequera dispone de una asignación de 199.466 euros para este programa, destinado a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y a combatir la pobreza infantil. Sin embargo, ha precisado que estos fondos no se ingresan directamente al Ayuntamiento, sino que la gestión económica corresponde a la Junta de Andalucía, en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios y las entidades colaboradoras.
Las tarjetas permitirán adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad, como artículos de higiene personal, productos de limpieza o pañales infantiles. Las cuantías mensuales oscilan entre 130 y 220 euros, en función del número de integrantes de cada unidad familiar.
El alcalde ha incidido en que no es posible determinar previamente un número exacto de beneficiarios, ya que dependerá de la composición de cada familia y de las que finalmente sean valoradas y derivadas durante el desarrollo del programa.
Barón ha pedido a las familias que no acudan de forma generalizada al Centro de Servicios Sociales únicamente para solicitar estas tarjetas. Serán los propios profesionales municipales quienes valoren las situaciones susceptibles de acogerse al programa y efectúen las correspondientes derivaciones.
El programa cuenta ya con regulación autonómica, publicada en el BOJA el pasado 30 de junio, y su aplicación requiere procedimientos de valoración y coordinación entre la Junta de Andalucía, los Servicios Sociales Comunitarios y las entidades colaboradoras. Durante 2024 fue gestionado de manera transitoria por el Ministerio de Derechos Sociales a través de Cruz Roja Española, transfiriéndose posteriormente a las comunidades autónomas.
En este contexto, el alcalde ha lamentado que las informaciones difundidas por el PSOE hayan provocado una importante afluencia de consultas y hayan generado expectativas entre numerosas familias, añadiendo una presión innecesaria sobre unos Servicios Sociales que continúan desarrollando paralelamente el resto de programas municipales y autonómicos, especialmente en un periodo estival en el que los recursos humanos se ven condicionados por las vacaciones del personal.
“Hay que ser rigurosos y no utilizar políticamente a las familias vulnerables ni generar confusión con datos, cantidades o fechas que no son correctos”, ha afirmado Manolo Barón.
El alcalde ha destacado la profesionalidad y capacidad de respuesta de los trabajadores de los Servicios Sociales Municipales, que continúan atendiendo con normalidad las necesidades de los vecinos.
Plan Corresponsables: ejecución íntegra
En la misma comparecencia, Barón ha respondido a las críticas del PSOE sobre la ejecución del Plan Corresponsables, destinado a favorecer la conciliación familiar y laboral. El Ayuntamiento obtuvo una subvención de la Junta de Andalucía por importe de 90.068 euros, que permitió desarrollar distintas iniciativas en Antequera, Cartaojal y Bobadilla, incluyendo escuelas en verano, Semana Santa y Semana Blanca.
El servicio fue adjudicado a la empresa Planiestudio Formación y Servicio por 82.250 euros, tras el correspondiente procedimiento público de contratación. Barón ha subrayado que el programa se ejecutó íntegramente y con éxito, beneficiando a más de 300 menores y facilitando la conciliación de numerosas familias.
El regidor ha rechazado que el reintegro de la cantidad no utilizada pueda interpretarse como una deficiente ejecución. “Precisamente ocurre lo contrario: se consiguió desarrollar todo el programa por un importe inferior al inicialmente disponible gracias al resultado de la licitación”, ha señalado, recordando que cuando una actuación financiada mediante subvención termina con un coste inferior al concedido, la administración beneficiaria debe reintegrar la diferencia.
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