Un estudio de cuatro investigadores malagueños detecta 53,79 casos por 100.000 habitantes en los municipios del interior frente a 11,56 en el litoral. En Jimera de Líbar la tasa alcanza los 251,26.
Los municipios del interior de la provincia de Málaga registran una tasa de suicidio de 53,79 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 11,56 de las localidades del litoral. La diferencia multiplica por 4,7 la incidencia entre ambas zonas, según el estudio Epidemiología del suicidio en la provincia de Málaga (2024): análisis retrospectivo con técnicas de machine learning, que publica Diario Sur.
La investigación, publicada el 21 de noviembre de 2025 en la Revista Española de Salud Pública, analiza con técnicas de aprendizaje automático los 197 suicidios contabilizados en la provincia durante 2024. Sus autores son cuatro investigadores malagueños del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Málaga (IML) y la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria.
Del total de casos, el 80,2% fueron hombres y el 19,8% mujeres. El método más frecuente fue el ahorcamiento o estrangulamiento (40,61%, mayoritario entre los hombres), seguido de la caída o precipitación (26,9%) y la ingestión de sustancias (16,24%).
El 71,57% de los casos se produjo en la Costa del Sol y el 28,43% en el interior. Sin embargo, al calcular la tasa por cada 100.000 habitantes, los investigadores observaron un patrón inverso: los valores son significativamente más altos en los municipios y comarcas del interior.
En localidades pequeñas las tasas se disparan. Jimera de Líbar alcanza 251,26 casos por cada 100.000 habitantes, Cútar llega a 170,36 y Cañete la Real a 126,02. Los autores advierten de que un solo suicidio tiene un gran impacto en el cómputo cuando la población es reducida.
El principal grupo identificado corresponde a adultos de mediana edad que se quitan la vida en municipios del interior: tienen una edad media de 55,1 años y el 89,5% son hombres. En este perfil predominan el ahorcamiento y los casos sin nota suicida. Los otros tres grupos son adultos jóvenes en la costa, personas que optan por la precipitación y adultos mayores en el litoral, con más presencia de mujeres y diversidad de métodos.
Los investigadores atribuyen las elevadas tasas del interior a una combinación de factores: mayores dificultades para acceder a servicios especializados de salud mental, aislamiento social, condiciones socioeconómicas y diferencias en la percepción del estigma de pedir ayuda. En los pequeños municipios con tasas extremas añaden la concentración de riesgo socioeconómico, el envejecimiento de la población y la migración de los jóvenes.
«Los adultos de mediana edad en zonas de interior, caracterizados por el uso predominante del ahorcamiento y la ausencia de nota suicida, sugieren un patrón de conducta suicida de intensificación rápida que requiere intervenciones en la restricción de medios y el fortalecimiento de las redes de detección temprana en contextos rurales», recoge el estudio.
El trabajo reclama adaptar las estrategias de prevención a cada territorio y actuar de forma simultánea sobre el acceso a los servicios, las políticas de salud mental, los determinantes socioeconómicos y factores culturales como las normas sobre masculinidad o las redes de apoyo. Como grupo de riesgo, los autores piden intensificar los esfuerzos hacia la población masculina con programas que tengan en cuenta las barreras culturales y psicológicas que dificultan pedir ayuda, y reforzar con urgencia los recursos preventivos en las áreas rurales.
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