El Ayuntamiento de Málaga aprueba una modificación del convenio para hacerse con los 179.027 metros cuadrados del sector, pero la urbanización sigue pendiente de la autorización ambiental de la Junta. Las obras no tienen horizonte cierto.
El proyecto para levantar un millar de viviendas protegidas en los terrenos de Soliva Oeste, al oeste de Málaga, sigue sin fecha de inicio dos años después de que el equipo de gobierno municipal lo presentara. La Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó este lunes una modificación del convenio por el que el Ayuntamiento adquirió estos suelos a cambio de entregar derechos urbanísticos a las promotoras Edipsa y Myramar en la cercana operación de Lagar de Oliveros, según publica Diario Sur.
La votación salió adelante con los votos en contra del PSOE y Con Málaga, y la abstención de Vox. El cambio aprobado es formal y permite al Consistorio asumir correctamente la totalidad de los 179.027 metros cuadrados del sector. Para que las viviendas puedan construirse, antes hay que urbanizar los terrenos, y ese proceso aún no se ha completado.
La Sociedad Municipal de Viviendas contrató a mediados del año pasado a la empresa local Ingesa Ingeniería y Diseño para redactar el proyecto de urbanización y dirigir las obras, con un presupuesto de 284.350 euros y un plazo de 18 meses para la supervisión una vez que arranquen los trabajos. Esos trabajos no pueden empezar todavía porque el documento debe obtener una autorización ambiental del Gobierno andaluz.
«El documento ya ha sido enviado a la Junta de Andalucía para tramitar el procedimiento ambiental»
Fuentes municipales indicaron este lunes que el expediente está ya en manos del Ejecutivo autonómico, aunque no hay plazo conocido para la luz verde ambiental. La operación está valorada en 195 millones de euros en total y supondría duplicar el número de viviendas protegidas construidas en los últimos años al oeste de la ampliación del campus de Teatinos, cuyas entregas comenzarán en las próximas semanas o meses.
El reparto previsto es de 500 viviendas cedidas a promotores privados para su ejecución y explotación, mientras que la otra mitad sería asumida por el Ayuntamiento. Esa parte municipal exige financiar con 106 millones de euros tanto la urbanización del suelo como la construcción de los edificios para pisos protegidos en alquiler. Para cubrir el coste, el equipo de gobierno tramita ante el Banco Europeo de Inversiones un préstamo de 40 millones de euros y prevé solicitar subvenciones europeas, estatales y autonómicas para completar la financiación.
El desarrollo de la operación se prolongará todavía varios años, en plena crisis residencial en la ciudad.
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