La Junta de Andalucía ha anunciado un refuerzo en la colaboración con ayuntamientos, empresas públicas y promotores privados para acelerar la construcción de vivienda protegida en la localidad de Málaga. La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, realizó este anuncio durante una reunión en Antequera con la directiva de FADECO.
Díaz destacó que en la pasada legislatura se consolidaron programas de apoyo a promotores, alcanzando más de 300 millones de euros en subvenciones y alrededor de 7.000 nuevas viviendas en diversas fases de desarrollo. Este enfoque busca movilizar recursos públicos y privados para atender la creciente demanda de vivienda asequible en Andalucía.
Componentes clave del plan de vivienda
La Junta considera que los recursos públicos deben servir como palanca para facilitar el acceso a la vivienda. Díaz enfatizó que, con la ayuda adecuada, es posible desbloquear promociones y atraer financiación privada para beneficiar a más familias.
Además, la colaboración con promotores no se limita a subvenciones económicas. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) está implementando mecanismos que incluyen la permuta de suelo público a cambio de viviendas protegidas, lo que optimiza el uso del suelo disponible para fines residenciales.
Nuevas iniciativas y legislación
Otro aspecto relevante es el Plan Anual de Enajenación de Bienes 2026, que permitirá la construcción de 3.678 viviendas adicionales en suelos públicos. La consejera también ha expresado la necesidad de derogar la actual Ley Estatal de Vivienda, señalando que esta norma complica el acceso a la vivienda y podría disuadir a los propietarios por temor a la ocupación ilegal.
La nueva Ley de Vivienda de Andalucía incluirá una comisión que se dedicará a explorar nuevas fórmulas de colaboración público-privada, asegurando que todos los actores, desde la Junta hasta entidades locales y operadores privados, estén involucrados en la creación de viviendas asequibles.
Díaz concluyó resaltando la necesidad de establecer reglas claras y continuas que faciliten a los constructores colaborar eficazmente con la Administración. Esta estrategia se alinea con los planes de desarrollo urbano hasta 2030, que priorizan el incremento de oferta de vivienda.
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