El Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la Junta de Andalucía estudian una solución hidráulica conjunta para el Parque Tecnoalimentario y el aeródromo de El Trapiche. El nuevo enfoque plantea ejecutar las obras por fases y deja sin fecha la licitación.
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la Junta de Andalucía han abierto una vía técnica para abordar de forma conjunta los problemas de inundabilidad del Parque Tecnoalimentario y del aeródromo Leoni Benabú, en El Trapiche. Según ha podido saber Diario Sur, el alcalde, Jesús Lupiáñez (PP), mantuvo el pasado jueves una reunión con la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Laura Soto, en la que también participaron los concejales de Agricultura, Jesús María Claros, y Urbanismo, Celestino Rivas, ambos del PP, junto a técnicos de las dos administraciones.
El objetivo es diseñar una respuesta hidráulica común y establecer después distintas fases de ejecución. «Los técnicos nos trasladan que ambas circunstancias están directamente relacionadas y por eso tenemos que abordar una solución conjunta», ha explicado Lupiáñez. El regidor sostiene que el nuevo enfoque debe permitir intervenir tanto en las zonas que condicionan el desarrollo del parque como en el entorno del aeródromo.
El Ayuntamiento trabajará ahora con sus técnicos y con los profesionales contratados para definir ese planteamiento y fijar un calendario por fases. La intención municipal es actuar primero sobre las necesidades del Parque Tecnoalimentario sin diseñar una obra que impida después extender la protección al resto del entorno. «Hemos quedado en continuar avanzando con nuestro equipo técnico para poder presentar un faseado», ha señalado el alcalde.
El Consistorio considera estratégica esta zona por las empresas instaladas en el parque y por la actividad aeronáutica desarrollada alrededor de El Trapiche. El gobierno municipal bipartito, de PP y GIPMTM, destaca la presencia de tres escuelas de pilotos y el potencial del aeródromo para la aviación deportiva. Aerodynamics Academy, por ejemplo, mantiene instalaciones en el Parque Tecnoalimentario y ha desarrollado allí parte de su actividad formativa y empresarial.
La historia del proyecto viene de lejos. En 2020 el Ayuntamiento inició el expediente para levantar un muro de defensa de 767 metros de longitud y al menos 80 centímetros de altura, con un presupuesto de 394.706 euros y un plazo previsto de tres meses. La infraestructura debía delimitar las zonas oeste y suroeste del parque para responder a las exigencias derivadas de su clasificación como zona inundable. La documentación hidráulica municipal ya recogía entonces el recinto dentro de las áreas expuestas a inundación.
Aquella actuación no llegó a ejecutarse. El procedimiento de contratación terminó sin una oferta viable después de que las empresas consultadas considerasen insuficiente el presupuesto disponible, según explicó el concejal de Urbanismo. Posteriormente, el Ayuntamiento incorporó otros 200.000 euros, elevando hasta unos 600.000 euros la inversión prevista para reformular el proyecto.
La Dana de noviembre de 2024 volvió a modificar los planes. Según relató Rivas, el Parque Tecnoalimentario no llegó entonces a inundarse, mientras que el aeródromo acumuló alrededor de medio metro de agua. El gobierno local consideró a partir de esa experiencia que tenía más sentido estudiar una intervención de mayor alcance junto a la Junta que limitarse al muro inicialmente diseñado para el recinto empresarial.
La demora tiene consecuencias para las empresas instaladas en el parque. El portavoz municipal de Vox, Javier Herreros, denunció este mes que algunas compañías tienen dificultades para escriturar sus naves, obtener la primera ocupación o conseguir licencias para nuevas actividades debido a las limitaciones urbanísticas derivadas de la inundabilidad. El grupo reclamó que el Ayuntamiento desbloqueara una actuación pendiente desde hace años.
El nuevo acuerdo de trabajo con la Junta abre otra etapa, pero todavía sin calendario cerrado. La información facilitada por el Ayuntamiento no concreta cuándo estará terminado el nuevo proyecto, cuándo podrá licitarse la obra ni qué aportación económica asumirá finalmente la Administración autonómica.
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