El sacerdote, conocido como 'Padre Fran', se sienta en el banquillo de la Audiencia de Málaga acusado de agredir sexualmente y grabar a cuatro mujeres tras sedarlas. Se enfrenta a 72 años de prisión.
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha iniciado este lunes el juicio contra Francisco José V. G., conocido como el 'Padre Fran', un sacerdote de 37 años acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres después de haberlas sedado con fármacos. El párroco, que permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023, se enfrenta a una petición fiscal de 72 años de cárcel por delitos de agresión sexual, lesiones y revelación de secretos.
Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre 2014 y 2018, durante viajes que el sacerdote realizaba con un grupo de amistades. Las víctimas, mujeres de su círculo cercano, no recordaban lo sucedido debido a la sedación profunda a la que eran sometidas. Las agresiones fueron descubiertas cuando la pareja del cura, con la que convivía en Melilla, encontró un disco duro con grabaciones y lo denunció ante la Diócesis de Málaga y posteriormente ante la Policía Nacional.
El análisis del disco duro reveló que el sacerdote grababa a las mujeres mientras estaban inconscientes, y las imágenes mostraban cómo las agredía sexualmente. Los investigadores identificaron a cuatro víctimas, aunque no se descarta que haya más.
La Diócesis de Málaga, dirigida por el obispo José Antonio Satué, ha manifestado su consternación por el caso. Satué pidió perdón públicamente hace unos días, pero defendió la actuación de la Iglesia, que tras conocer los hechos trasladó al sacerdote a las parroquias de Yunquera y El Burgo, en la Sierra de las Nieves. El obispo ha asegurado que, si hay un veredicto de culpabilidad, la Iglesia indemnizará a las víctimas.
El juicio se celebrará a puerta cerrada para proteger la intimidad de las víctimas, que declararán por videoconferencia para evitar la confrontación directa con el acusado. La Fiscalía también solicita que se le imponga una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con las víctimas durante 20 años tras cumplir la condena.
El caso ha conmocionado a la comunidad de Vélez-Málaga, donde el sacerdote ejercía su ministerio. Algunos feligreses han mostrado su apoyo al acusado, mientras que colectivos feministas han pedido una condena ejemplar. La defensa, por su parte, sostiene que no hay pruebas suficientes y que las relaciones fueron consentidas.
El juicio se alargará durante varias semanas, con la previsión de que se escuche a decenas de testigos y peritos. Se espera que la sentencia se conozca antes del verano.
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