El Ayuntamiento de Torremolinos ha logrado un periodo medio de pago a proveedores de 13,49 días en el segundo trimestre de 2026, un récord que supone una reducción del 94,6% respecto a los 250 días de 2021.
El pleno del Ayuntamiento de Torremolinos ha conocido este jueves el periodo medio de pago a proveedores correspondiente al segundo trimestre de 2026, que se sitúa en 13,49 días, la cifra más baja jamás registrada en el municipio. Este dato representa una mejora del 94,6% respecto a los 250 días que se contabilizaban en 2021 y un descenso del 52,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La reducción drástica del plazo de pago se enmarca en una gestión económica que, según los datos presentados, ha permitido al consistorio sanear sus cuentas. Así lo refleja también la liquidación del presupuesto de 2025, aprobada en la misma sesión, que arroja un remanente de tesorería positivo de 4.390.219,53 euros.
El informe de la Intervención Municipal detalla que la deuda viva del Ayuntamiento sobre los ingresos liquidados se sitúa en el 48,43%, lo que supone una caída de 16 puntos respecto al 57,70% de 2024 y se aleja del 76,67% registrado hace cinco años. Estos indicadores apuntan a una consolidación fiscal que beneficia tanto a los proveedores locales como a la capacidad de inversión del municipio.
Más allá de los datos económicos, el pleno ha servido para abordar otro asunto de calado para Torremolinos: la defensa de los establecimientos y empresarios de playa. La Corporación ha aprobado una moción declarativa, presentada por el Partido Popular y apoyada por Vox, mientras que PSOE e IU-Podemos han votado en contra.
La moción se dirige contra la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Gobierno central justifica esta reforma en la necesidad de atender un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea sobre el régimen de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.
El portavoz del PP, Luis Rodríguez, ha criticado que la documentación facilitada por el ministerio “ha sido insuficiente para conocer con claridad el alcance real de los cambios, sus consecuencias jurídicas y su impacto económico, social y competencial sobre los territorios afectados”. Rodríguez ha alertado de que la reforma “ha generado una profunda preocupación entre comunidades autónomas, ayuntamientos, empresarios de playa y vecinos”, al poder afectar a concesiones vigentes, inversiones realizadas conforme a la normativa actual y expedientes en tramitación.
El texto aprobado insta al Gobierno de España a rechazar cualquier modificación de la normativa estatal de costas que se tramite sin diálogo real y sin consenso institucional. Además, exige la “paralización inmediata” del proyecto de real decreto que modifica el Reglamento General de Costas hasta que se abra un proceso de cooperación con comunidades autónomas, municipios y representantes de empresarios de playas, incluyendo chiringuitos, hamacas, náutica y servicios de temporada.
La moción también reclama al Gobierno central que defienda ante la Comisión Europea “la singularidad del litoral mediterráneo y andaluz” y la compatibilidad entre protección ambiental, actividad económica sostenible y seguridad jurídica. Asimismo, solicita la creación de una línea específica de ayudas para que los municipios costeros puedan financiar la retirada de algas y arribazones, así como una estrategia integral de apoyo al litoral que incluya financiación para la gestión de playas, simplificación administrativa y mejora de la seguridad y accesibilidad.
Para los vecinos y empresarios de Torremolinos, el nuevo récord en los plazos de pago supone un alivio financiero, ya que los proveedores locales cobran en menos de dos semanas, lo que dinamiza la economía del municipio. La reducción de la deuda, por su parte, deja margen al Ayuntamiento para afrontar nuevas inversiones sin comprometer las cuentas.
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