El comité de Litosa llama a la protesta del 25 al 29 de septiembre, coincidiendo con la feria, y a una concentración el 20 de septiembre. El Ayuntamiento y los sindicatos se reúnen el 24 en el Sercla para pactar servicios mínimos.
El comité de empresa de Litosa, la sociedad municipal de limpieza de Torremolinos, ha convocado una huelga durante la feria de San Miguel, del 25 al 29 de septiembre, y una concentración el domingo 20 de septiembre, día de la romería, para informar a los vecinos del temor a perder el empleo con la privatización del servicio. Así lo recoge Diario Sur.
El proceso de externalización, cuantificado en 168,7 millones de euros, ya está en marcha y ha recibido ofertas tras cerrarse el plazo. El comité sostiene que la plantilla actual supera los 320 trabajadores, incluidos los refuerzos de verano, en nómina hasta final de mes, y que el pliego prevé menos servicios de los que asume ahora Litosa.
«Alguien no está diciendo la verdad», afirma el presidente del comité, Diego Lara, que exige por escrito garantías para los trabajadores.
El 24 de septiembre está prevista una reunión entre el Ayuntamiento y el comité en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) para pactar los turnos mínimos de limpieza y recogida de basura. Si no hay acuerdo, la huelga seguirá adelante.
Entre los motivos, el comité señala que el concurso está dividido en dos lotes, lo que a su juicio reorganizará la plantilla, y que a partir del segundo año la contratista podrá reorganizar el personal, lo que abre la puerta a despidos. Lara pide disculpas a la ciudadanía: «Pedimos disculpas a la ciudadanía, pero no nos queda otra para defender a padres y madres de familia».
La alcaldesa, Margarita del Cid, ha dirigido una carta abierta al personal de Litosa en la que sostiene que los datos que justifican la externalización no pueden traducirse directamente en menos trabajadores. Según fuentes municipales, los informes técnicos distinguen entre la estimación de trabajadores equivalentes para cumplir el contrato, fijada en 170,333, y las personas reales que finalmente desarrollen las tareas. El Ayuntamiento recuerda que la adjudicataria está obligada a respetar el convenio colectivo y a garantizar el personal necesario, y anuncia control sobre las condiciones laborales y las jubilaciones y prejubilaciones.
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