La acusación particular del PSOE reclama 5 años y medio de prisión para José María García Urbano por colocar a una amiga como funcionaria eventual en el Ayuntamiento de Estepona. La mujer también se enfrenta a dos años de cárcel.
La acusación particular que representa a la concejala socialista Emma Molina ha presentado su escrito de calificaciones provisionales ante el Tribunal de Instancia de Estepona. En él solicita 5 años y medio de prisión para el alcalde, José María García Urbano (PP), por dos delitos: prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El origen del caso: el nombramiento de una amiga íntima del regidor como funcionaria eventual en el Consistorio.
Un decreto de Alcaldía para una amiga
Según el auto de apertura de juicio, el alcalde firmó el 13 de febrero de 2023 un decreto por el que nombraba a Cristina P. B. como funcionaria eventual adscrita al Área de Control Externo. Su cometido oficial era el asesoramiento especial y de confianza, pero en la práctica, según la acusación, nunca desempeñó esas funciones. La mujer permaneció en el puesto hasta el 31 de marzo de 2023, cuando cesó.
Para Cristina P. B., la acusación pide dos años de cárcel y seis años de inhabilitación por un delito de malversación de fondos públicos. La pena es la mínima legal, al considerar que su participación se limitó a aceptar el nombramiento y cobrar las nóminas.
Un perjuicio de casi 8.000 euros
La contratación supuso un coste para las arcas municipales de 7.862 euros, incluyendo las nóminas netas (5.276,92 euros), las cotizaciones a la Seguridad Social y otros gastos derivados. El alcalde ya ha reintegrado al Ayuntamiento los 5.276 euros de las retribuciones netas, un gesto que la acusación interpreta como un reconocimiento de la irregularidad.
Durante la instrucción, varios testigos declararon que la contratada no disponía de despacho, ordenador, correo corporativo ni acceso a la plataforma municipal. Vivía en Córdoba, su ciudad natal, y nunca pasó por las dependencias del Área de Control Externo. Un informe del concejal delegado de esa área señalaba que su labor debía ser recabar información sobre limpieza viaria, iluminación y jardinería, tareas imposibles de realizar a distancia.
Versiones contradictorias: limpieza o redes sociales
El alcalde García Urbano declaró como investigado que la contratación respondía a la necesidad de que la acusada hiciera un seguimiento de las redes sociales para detectar las inquietudes de los vecinos. La justificó por ser una persona especialmente activa en esas plataformas. Sin embargo, los testigos apuntaron a funciones de limpieza viaria, lo que evidencia, según la acusación, la arbitrariedad del nombramiento.
La investigación ha sacado a la luz transferencias bancarias del alcalde a Cristina P. B. por un total de 21.000 euros en concepto de alquiler y gastos personales, previas a la contratación. También constan conversaciones de WhatsApp que, a juicio de la acusación, demuestran la naturaleza íntima de su relación y la ausencia de contenido laboral como asesora.
Un caso que afecta a la confianza en la gestión municipal
Para los vecinos de Estepona, este proceso judicial pone en cuestión la transparencia en la contratación pública. El alcalde, que lleva 17 años en el cargo, se enfrenta a una petición de pena que, de ser firme, podría apartarle de la política. La acusación considera que la pena es proporcionada a la gravedad de los hechos, dado que García Urbano, como máxima autoridad, tenía la potestad de nombrar personal eventual y la usó para beneficiar a una conocida.
El juicio está pendiente de fecha. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Estepona continúa su labor habitual, aunque el caso ha generado un intenso debate político en la Costa del Sol. La defensa del alcalde aún no ha presentado sus conclusiones provisionales, pero se espera que niegue las acusaciones y defienda la legalidad del nombramiento.
¿Qué delitos se imputan al alcalde de Estepona?
Se le imputan dos delitos: prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por contratar a una amiga como funcionaria eventual sin que desempeñara funciones reales.
¿Cuánto dinero costó la contratación al Ayuntamiento?
El coste total fue de 7.862 euros, incluyendo nóminas, cotizaciones y otros gastos. El alcalde ya ha reintegrado 5.276 euros correspondientes a las retribuciones netas.
¿Cuándo se celebrará el juicio?
Aún no hay fecha fijada para el juicio. Está pendiente de que se señale por el Tribunal de Instancia de Estepona.
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