El Ayuntamiento de Málaga ha emitido 2.633 informes de vulnerabilidad en el marco del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que concluye este martes. En la provincia se han registrado 39.899 solicitudes.
El proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha llegado a su fin este martes, dejando un balance de 39.899 solicitudes en la provincia de Málaga. De ellas, 2.633 corresponden a informes de vulnerabilidad emitidos por el Ayuntamiento de la capital, un trámite clave para quienes no podían acreditar otras vías de regularización.
Un trámite burocrático esencial
El informe de vulnerabilidad era uno de los pasos más complejos del proceso. Según la normativa, los solicitantes que no hubieran pedido protección internacional debían demostrar al menos una de estas tres condiciones: haber trabajado con contrato en España, contar con una unidad familiar con hijos menores o ascendientes a cargo, o encontrarse en situación de vulnerabilidad. Para este último caso, era necesario un certificado sellado por los ayuntamientos o por entidades del tercer sector registradas.
El Ayuntamiento de Málaga organizó la atención en los 12 Centros de Servicios Sociales Comunitarios distribuidos en los 11 distritos de la ciudad, con un centro adicional en Carretera de Cádiz. También se habilitó el Centro de Atención a Personas sin Hogar-Puerta Única para atender a los solicitantes.
Integración en el sistema municipal
La emisión de estos certificados se integró en el sistema habitual de gestión de servicios sociales, asumido por el personal municipal. En total, se realizaron 246 horas de refuerzo para atender la demanda. De las 2.703 solicitudes recibidas, se aceptaron 2.633, lo que supone una tasa de aceptación del 97,4%.
Para los vecinos de Málaga, este proceso ha supuesto una movilización de recursos municipales que ha permitido regularizar a miles de personas en situación vulnerable. El Ayuntamiento ha destacado la colaboración de las entidades del tercer sector, que también pudieron actuar como representantes de los solicitantes.
El plazo de solicitud, que duró dos meses, finalizó el pasado 1 de julio. Ahora, los expedientes pasarán a fase de resolución por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que deberá pronunciarse en los próximos meses. Los solicitantes pueden consultar el estado de su trámite a través de la sede electrónica del ministerio.
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