El Consistorio malagueño ha pedido una aclaración de la sentencia del TSJA que anuló la ordenanza de la ZBE, lo que paraliza el plazo para recurrir. Mientras tanto, las multas a vehículos no empadronados continúan, con 35.457 sanciones en seis meses.
El Ayuntamiento de Málaga ha conseguido un respiro judicial en la polémica de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Tras la anulación parcial de la ordenanza por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el equipo de gobierno solicitó una aclaración de la sentencia, lo que suspende el plazo para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Constitucional. Así lo han confirmado fuentes municipales, que explican que la petición, presentada justo antes de que venciera el plazo el pasado viernes, deja en pausa el proceso sine die.
La decisión del TSJA, que estimó parcialmente un recurso de Vox, anuló el capítulo de la ordenanza que restringía la movilidad a vehículos contaminantes por considerar que discriminaba a los conductores empadronados en la capital frente a los de fuera. La sentencia, que no es firme, se ampara en jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre libertad e igualdad. Sin embargo, el Ayuntamiento estudia recurrirla y, mientras tanto, la ZBE sigue activa y las multas continúan.
En los primeros seis meses de vigencia de la norma, la Policía Local ha propuesto un total de 35.457 sanciones, según datos del Área de Seguridad facilitados al grupo Con Málaga. Del 2 de febrero al 18 de mayo, se denunciaron 23.745 coches y motos de fuera de la ciudad por acceder sin distintivo ambiental; a estas se suman 11.712 sanciones impuestas entre el 29 de diciembre y el 1 de febrero. Las multas ascienden a 200 euros, reducidos a 100 por pronto pago, lo que sitúa la recaudación potencial entre 3,5 y 7 millones de euros.
Marzo fue el mes con más infracciones, con 7.640, seguido de diciembre, con 6.213. A pesar de la anulación judicial, los vehículos empadronados en Málaga capital siguen pudiendo circular sin ser sancionados, igual que antes del fallo. El Consistorio defiende que la ordenanza sigue vigente al no ser firme la sentencia.
Vox, que recurrió la normativa, ha vuelto a reclamar al equipo de gobierno del PP que suspenda las sanciones de forma inmediata. Su portavoz municipal, Antonio Alcázar, ha instado a los conductores multados a presentar recurso, advirtiendo de que las sanciones podrían quedar sin efecto si el fallo se confirma. "Le hemos dicho al Ayuntamiento, por activa y por pasiva, que deje de sancionar, deje de multar, por precaución principalmente", ha afirmado Alcázar, quien ha alertado de que mantener las multas puede generar "una litigiosidad tremenda".
El edil ha vinculado la situación de Málaga con una reciente resolución judicial en Madrid que anuló las sanciones de la ZBE de la capital, un precedente que, a su juicio, evidencia el riesgo que corre el Consistorio malagueño si mantiene la política sancionadora. "El Ayuntamiento debería actuar con prudencia y suspender el régimen sancionador hasta que exista una resolución definitiva", ha señalado.
Por el momento, la ZBE sigue operativa y los conductores no empadronados en Málaga que accedan al perímetro restringido sin distintivo se exponen a una multa. La decisión del Constitucional, que podría tardar meses, determinará el futuro de la ordenanza y de las miles de sanciones ya impuestas. Mientras tanto, el Ayuntamiento estudia sus opciones legales para defender una normativa que considera clave para mejorar la calidad del aire en la ciudad.
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