El sindicato SIP-AN en la Policía Local de Rincón de la Victoria reclama al Ayuntamiento y a la Jefatura que aclaren las declaraciones del inspector jefe, que apuntaron a la plantilla como posible autora de la sustracción de cuatro pistolas.
La sección sindical de SIP-AN en la Policía Local de Rincón de la Victoria ha exigido al Ayuntamiento y a la Jefatura del Cuerpo una «rectificación y aclaración» públicas por las declaraciones realizadas sobre la desaparición de cuatro armas reglamentarias, presuntamente robadas de las dependencias policiales.
El malestar surge tras la comparecencia del inspector jefe Francisco Javier Casanova ante la Corporación, en una sesión extraordinaria convocada a petición de la oposición. En ese pleno, el mando afirmó: «Los hechos son extremadamente graves. Estoy doblemente afectado, como ciudadano, porque no sabemos dónde están esas armas, y porque, casi con absoluta seguridad, quien las ha sustraído forma parte de mi plantilla».
«Los hechos son extremadamente graves. Estoy doblemente afectado, como ciudadano, porque no sabemos dónde están esas armas, y porque, casi con absoluta seguridad, quien las ha sustraído forma parte de mi plantilla».
El sindicato sostiene que esas palabras han generado «sospechas sobre los integrantes de la Policía Local» sin que exista aún una conclusión de la investigación que permita atribuir responsabilidad alguna a los agentes. Por ello, reclaman que se eviten «insinuaciones o juicios de valor» mientras el caso siga abierto, y piden que se informe a la ciudadanía de forma que no se extienda «una imagen de sospecha generalizada» sobre el conjunto de la plantilla.
SIP-AN recuerda que todos los agentes están dispuestos a colaborar con la Guardia Civil, que lleva la investigación, «para el completo esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades que, en su caso, correspondan». También invocan el derecho a la presunción de inocencia y la necesidad de preservar «la profesionalidad y honorabilidad» de los funcionarios, que consideran dañadas.
En su escrito, el sindicato va más allá: «Si se conoce la identidad de la persona responsable, debe manifestarse públicamente y de forma inequívoca; y si no se conoce, deben evitarse declaraciones o insinuaciones que puedan extender injustificadamente la sospecha sobre toda la plantilla».
Durante su intervención, Casanova admitió la posibilidad de que las armas sigan ocultas dentro de la Jefatura. También detalló que la última revista a este material la realizó él mismo, al estar de baja el subinspector que debía hacer el inventario. Por esa ausencia, la revisión de 2025 no se llevó a cabo, y la última comprobación fue en 2024, pese a que la obligación es hacerla anualmente.
En esa inspección, de la que hay que dar parte a la Benemérita, se comprobó que de 73 pistolas, 12 no estaban localizadas. De ellas, 7 no habían sido revisadas por la baja temporal de sus titulares, y de las 5 restantes que debían estar en depósito, solo apareció una. Este hallazgo motivó la denuncia ante la Guardia Civil el 24 de julio, y la investigación arrancó con declaraciones e inspecciones oculares a partir del 3 de agosto.
Con la autorización del Instituto Armado, que pidió sigilo al equipo de Gobierno y a la plantilla, los hechos se hicieron públicos mediante un comunicado municipal el pasado 14 de agosto. Desde entonces, la investigación sigue abierta y el sindicato espera que se depuren responsabilidades sin poner en tela de juicio a todo el cuerpo.
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