La asociación de la pequeña y mediana empresa de San Pedro Alcántara (APYMESPA) solicita a las administraciones una mesa de trabajo para elaborar un plan integral de movilidad en la Costa del Sol, ante los graves problemas de atascos y falta de infraestructuras.
La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (APYMESPA) ha reclamado a las administraciones públicas la creación de una mesa de trabajo para diseñar un Plan Integral de Movilidad de la Costa del Sol. La iniciativa, presentada desde una postura constructiva, busca abordar los problemas de tráfico que afectan a la comarca, especialmente en la A-7.
Los atascos diarios en la A-7 entre San Pedro Alcántara, Marbella y Estepona son el principal foco de queja. Cualquier incidencia provoca retenciones que se traducen en retrasos, aumento de costes empresariales y dificultades para el transporte de mercancías y la prestación de servicios. La asociación señala que el crecimiento demográfico, turístico y empresarial no ha ido acompañado de una mejora proporcional de las infraestructuras y el transporte público.
Una de las alternativas existentes es la autopista de peaje AP-7, pero su precio limita su uso. Durante la temporada especial de 2026, el trayecto completo entre Málaga y Guadiaro cuesta 19,55 euros por trayecto y 39,10 euros ida y vuelta. Para un trabajador que lo use a diario durante 22 jornadas laborables, el coste mensual asciende a 860,20 euros, sin incluir combustible ni otros gastos. En trayectos más cortos, como entre San Pedro Alcántara y Marbella o entre San Pedro Alcántara y Estepona, el coste mensual ronda los 158 euros.
Por ello, APYMESPA solicita bonificaciones para residentes, trabajadores, autónomos, pequeñas empresas y vehículos profesionales, así como una tarifa plana asequible o el mantenimiento de la tarifa ordinaria durante todo el año. Consideran que el elevado coste del peaje desincentiva su uso y no contribuye a descongestionar la vía gratuita.
Los atascos no solo afectan a la productividad empresarial, sino que también incrementan los costes operativos, dificultan la contratación y perjudican la conciliación familiar. Las horas perdidas en retenciones se traducen en mayor consumo de combustible, desgaste de vehículos, retrasos en entregas y servicios, citas canceladas y pérdida de oportunidades comerciales. Para las familias, supone más gastos de desplazamiento y menos tiempo para el descanso y la vida personal.
La asociación propone mejorar, ampliar y desdoblar las vías actuales, incorporar nuevos carriles, mejorar accesos y crear itinerarios alternativos. Además, considera necesario reforzar los autobuses interurbanos, habilitar carriles reservados, construir aparcamientos disuasorios, ofrecer información del tráfico en tiempo real y diseñar una red básica local con mejor coordinación ante accidentes y obras.
Una de las reivindicaciones históricas que APYMESPA vuelve a poner sobre la mesa es la construcción del Tren Litoral o una alternativa ferroviaria que conecte Málaga, el aeropuerto, Fuengirola, Mijas, Marbella, San Pedro Alcántara, Estepona y el Campo de Gibraltar. Consideran que esta infraestructura es clave para aliviar la presión sobre la carretera.
También reclaman la mejora de la carretera entre San Pedro Alcántara y la Serranía de Ronda. El cierre de la A-397 en 2025 puso de manifiesto la vulnerabilidad de esta conexión, que afecta a trabajadores, empresas, comercio y turismo que enlaza con Sevilla y Madrid.
El plan integral que propone APYMESPA debería estudiar un mejor aprovechamiento conjunto de los aeropuertos de Málaga y Gibraltar, con mejores conexiones terrestres y mayor coordinación. Asimismo, plantean analizar conexiones marítimas de pasajeros entre los municipios de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, colaborando con empresas andaluzas de movilidad aérea urbana.
La asociación pide la implicación del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, los ayuntamientos, las mancomunidades, las autoridades de transporte, los organismos portuarios, la concesionaria de la AP-7 y las instituciones relacionadas con Gibraltar, junto con los principales agentes económicos y sociales. El objetivo es ofrecer una solución definitiva a corto plazo a un problema que consideran grave tanto económica como socialmente.
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